UNA LEGISLATURA REFORMADORA

La legislatura que comienza este 20 de julio podríamos considerarla como una de las más ambiciosas de los últimos tiempos: se busca transformar buena parte del Estado Colombiano a través de reformas que después de un año del gobierno Santos se entienden necesarias, la agenda refleja el empeño del ejecutivo de que no lo sigan comparando, como ha dicho el ministro Vargas, con Surinam, Bangladesh y Afganistán en asuntos tan serios como la capacidad para resolver sus conflictos.
Pereira tendrá un protagonista de primera línea con el que no contaba desde hace varios años: un Pereirano como Simón Gaviria posiblemente sea quien presida la Cámara de Representantes, algo que no veíamos desde que Rodrigo Rivera ocupó esa dignidad; será pues un buen hijo de la Villa de Cañarte uno de los bastiones de la era reformadora por la que atraviesa el País.
Los retos del Congreso no son pocos, tal vez el más importante es sacar adelante la reforma a la justicia y, para ello tendrá que mediar entre dos partes, la una compuesta por el Gobierno y la Corte Constitucional y la otra conformada por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, por el enfrentamiento que data sobre la disputa por la acción de tutela en materia de sentencias judiciales; será igualmente el Congreso la última voz que decida si las propuestas del gobierno respecto al Consejo de la Judicatura y en materia de descongestión, son apropiadas o no, sobre todo en su audaz e interesante propuesta de otorgar jurisdicción y competencia a magistrados y jueces retirados, auxiliares de la justicia y abogados por un término de tres años con el fin de evacuar los 2.2 millones de procesos represados en los polvorientos archivos judiciales.
Propuesta que tuvo éxito en países como Uruguay, pero que no garantiza su éxito en Colombia pues su tamaño equivale a menos de medio Bogotá, pero sí merece ser explorada, porque la vieja receta de más jueces de descongestión no ha dado los resultados esperados. La expedición de normas marco como códigos y estatutos serán prioritarios: código procesal, tan esperado por los litigantes y jueces que aspiran a ver algún día unificadas en un solo sistema las normas del llamado derecho bisagra que hace realidad el derecho positivo, disperso hoy en distintos textos que hace pensar al abordar cada rama que estamos en diferentes países. Tendrá también el congreso que legislar sobre la fiscalía, la Justicia Penal Militar, el estatuto penitenciario, arbitraje y arancel judicial, código minero y el código de régimen departamental y municipal.

Todo lo anterior sumado a las reformas para estimular la inversión, la venta de acciones de Ecopetrol con destino a financiar la infraestructura, la reglamentación a las regalías, reforma a la educación, código de convivencia ciudadana, penalización del racismo etc. Nos van a permitir una gama de temas con capacidad de despertar interés en todos, sobre todo en quienes no estén de acuerdo; una sociedad participativa siempre gozará de su derecho a tener mejores normas. En mi concepto si ésta racha reformadora tiene éxito en el congreso estaremos cerca de un estado más moderno.