UN DESARME MASIVO REQUIERE MEDIDAS EXCEPCIONALES

La posibilidad de conseguir una entrega masiva de delincuentes dedicados al sicariato y al narcotráfico viene sumando fuerzas, ha sido Monseñor Vidal el que ha llevado la vocería, y quien a pesar de la resistencia encontrada en algunos sectores del gobierno, las fuerzas del orden y alguna parte de la población sigue proponiendo algo que bien vale la pena considerar.
La fiscalía y el gobierno han sido en los últimos días más receptivos con la propuesta, actitud que en mi concepto es un acierto, no es de todos los días y sin arrodillar a un estado que en un país como Colombia se tenga la posibilidad de extraer de la vida de los ciudadanos de bien 4 o 5 mil antisociales con la capacidad destructora de la que han hecho gala los últimos años, azotando regiones del país de las cuales Risaralda no ha sido ajena.
El meollo del asunto es, que ese ofrecimiento, tiene aunque aún no se diga, el ají en las expectativas de los miembros de las bandas criminales, nadie a no ser que esté movido por una conversión espiritual va a entregarse si con ello no allana el camino a la libertad y compra su civilidad, vendrán las exigencias de los grupos criminales que aplicando el centenario esquema de rebaja de penas a cambio de verdad, confesión y colaboración con la justicia querrán conseguir lo suyo, todos lo saben incluyendo la iglesia.
Nada de raro desde el punto de vista del derecho penal tienen esas expectativas de los criminales, así ha funcionado y así funcionará, el atasco está en el inamovible del gobierno y la fiscalía de no aceptar que algo de esta magnitud no puede ser manejado como la generalidad de las cosas, posición que podría constituirse en un problema capaz de frustrar la iniciativa.
Se entiende y se comparte que no tengan las gabelas de aquellos que han cometido delitos políticos, sería una afrenta a todos las amnistías y los indultos, se entiende además por inaplicable que no se otorgue el principio de oportunidad, pues a partir de un numero de sometidos a él, no quedaría más que inventar y continuar delatándose entre los ya delatados.
Lo que debemos tener claro es que se necesita una política especial que permita practicidad en las innumerables variantes que algo tan grande trae consigo: i) nuevas instalaciones físicas de reclusión, ii) reparación económica por parte de los victimarios a las víctimas, iii) forma de evacuar las miles de investigaciones que nacerán de las confesiones, pues inclusive en estos casos se debe cerciorar el órgano acusador que no sean infundadas o dirigidas por otra mente criminal, iv) se debe destinar un presupuesto adicional en la que se fortalezca el CTI , la fiscalía y la rama judicial, v) se debe desarrollar un plan de rebajas de penas organizado por tipos penales (así por ahora se niegue esa posibilidad) que determine las reglas de juego para que el tiempo, las prescripciones y preclusiones no sean los enemigos de la justicia etc. Si no se acepta que ésta oportunidad de avanzar hacia la paz requiere acciones excepcionales mejor ni lo intentemos.