EL CONTROL FISCAL Y LA POLÍTICA

Las últimas noticias que las Contralorías de Risaralda y Pereira han generado en relación a las investigaciones fiscales contra el ex gobernador Botero y el ex alcalde Juan Manuel Arango llaman la atención; sin apresurarme a decir que tienen móviles políticos porque sería una manifestación irresponsable, sí se debe reconocer que pretender que la opinión considere que se trata de procesos eminentemente jurídicos no es fácil, de ahí que la tarea de los Contralores es la de explicar ampliamente a la ciudadanía, por qué hasta ahora se ocupan del tema, sin vetos de información como los que denunció La Tarde en edición del 29 de junio .
Abrir investigación fiscal a 4 meses de las elecciones contra el candidato Juan Manuel Arango quien se perfila como próximo alcalde y es de los desafectos del actual mandatario, quien a su vez respaldó la elección del Contralor, no genera suficiente claridad, menos aún cuando para éstos menesteres el ente fiscalizador tuvo 3 años y medio, situación que en mi concepto debe marginarse de la duda para no dejar un tufillo politiquero que no puede empañar actividad tan sagrada como la de ejercer el control sobre los recursos y bienes públicos.
En el caso de Botero, hay que reconocer aunque no sea el candidato de mis afectos, que las investigaciones fiscales de la contraloría Departamental en su contra no han sido anunciadas como se debe, incluso en declaraciones a un periódico local el señor Contralor alcanzó a manifestar que pertenecía a una de las campañas, algo que aunque se ve con frecuencia, en la práctica no es lo correcto, pues no sólo por su calidad de funcionario público sino por ser persona investida con el poder de juzgar, puede matricularse en movimiento político alguno, ello permitiría la pérdida de objetividad en las investigaciones cuya competencia les ha asignado confiadamente la ley.
Hace varios años vengo sosteniendo que la teoría de los pesos y contra pesos tan defendidos en la Constitución Política y tan exigidos en lo Nacional, goza de poca funcionalidad en las regiones, las instituciones llamadas a cumplir el mandato constitucional de velar por el equilibrio del Ejecutivo llámense Alcaldías o Gobernaciones, son las Contralorías y Personerías que, por lo general están bajo el control del grupo o coalición de gobierno, entre otras cosas porque así lo permite la norma, conformándose un perfecto yo con yo.
No pretendo caer en la ingenuidad de proponer que órganos del Estado estén al margen de la política, pues sería la negación de lo público que tiene como base el ejercicio del poder que se confunde con el de la política, pero lo que sí creo es que se deben proponer reformas que garanticen que los titulares de las Contralorías y Personerías gocen de la autonomía y autoridad para tomar decisiones, sin influencias de sus jefes políticos, bancadas, o peor aún del Alcalde o Gobernador de turno, ahora bien, que su carácter sea servil o patronalista por naturaleza escapa a cualquier reforma, lo que sí es claro es que la manera de proveer estos cargos no deja mucho espacio a la imparcialidad.
La invitación respetuosa es para no dejar manto de duda sobre decisiones con algún poder de influir en un proceso electoral como las que tomó el contralor de Pereira en plena recta final de una campaña. Si se ha actuado con imparcialidad es una buena oportunidad para reconfirmarlo, si así no ha sido, para corregir y no enrarecer un ambiente ya muy extraño.