AHORA SI, LEY DE VICTIMAS

Cuando una persona ha decidido salir adelante, superar sus sufrimientos, reconocer sus errores y procurar enmendarlos para buscar una reconciliación consigo mismo y con los que lo rodean podemos decir que ha encontrado la forma de alcanzar su felicidad y su plenitud. Esta misma lógica opera para un organismo vivo como una nación que hace referencia no a una persona sino a millones que como en el caso colombiano han padecido el dolor y sufrimiento de una guerra, siendo necesario para alcanzar su felicidad y desarrollo, cicatrizar sus heridas.
En mi concepto este proceso empezó con la ley de víctimas que aprobó el congreso de Colombia, al entender que sólo cicatrizando esa gran herida conformada por millones de heridas individuales de las víctimas, será posible pasar la página de la violencia para pensar en otra Colombia, donde cada vez hayan menos ciudadanos resentidos con sus instituciones por nunca haber contado con la protección que como miembros de una país democrático aparentemente tienen. No es posible exigirles amor por su patria y respeto por un sistema de gobierno a ciudadanos que han sido abandonados por ese mismo sistema, como tampoco es coherente pretender que quienes no son victimas vean legítimo un estado que desprotege a sus semejantes.
Con todas las bondades que trae consigo la ley, particularmente resalto la de la reconciliación entre el Estado colombiano con millones de hombres y mujeres que han dejado de creer con justa causa en la constitución política que garantiza dentro de los fines del estado: “proteger a todas las personas residente en Colombia, en su vida, honra y bienes…..” fe que perdieron al ver morir a sus seres queridos y ser desplazados de sus tierras y pueblos, resentimiento que ha sido por décadas caldo de cultivo para engrosar las filas de todos los grupos ilegales que operan en el territorio nacional, discurso que esta ley les arrebata.
Sería utópico contar con el éxito de la ley de víctimas sin prever las enormes dificultades de su aplicación y ejecución en los próximos 10 años, reto aun mayor que el accidentado periplo que tuvo por el Congreso, por ejemplo, en lo que se refiere a la tierra, los despojadores acudirán a instancias legales y a la violencia si es preciso para cumplir con la acertada exigencia de la carga de la prueba que sabiamente la ley les determinó, con el fin de no dejar en la parte más débil la responsabilidad de probar su derecho a la propiedad, aumentarán la cifra de asesinados representantes de desterrados y la corrupción hará lo propio terciando para los intereses de los que más tienen.
Sin embargo, es obvio el compromiso del gobierno que ha tomado como suya esta iniciativa del Partido Liberal y ha sacado su talante reformista para lograrla, queda el compromiso que el estado adelantará las pesquisas e investigaciones que permitan acertar en la restitución a los verdaderos dueños; garantía que de ser cumplida, haría de este proceso no un enfrentamiento desigual entre despojador y despojado si no, entre el Estado junto con el despojado contra el despojador.
Estaremos atentos al desarrollo de esta política que pone a Colombia en el punto más alto en materia de derechos humanos y la hace brillar como una nación que emprende su camino a la reconciliación, reconociendo a sus víctimas y asumiendo su responsabilidad, no sólo en la violencia generada a raíz de la propiedad si no en la muerte de inocentes dentro del conflicto armado. Como lo dijimos antes, es la compuerta a la paz.