Nunca había sucedido en Pereira atentado alguno hacia un candidato a la alcaldía desde la elección popular, ni mucho menos a uno cuyas posibilidades al día de hoy no representan ningún riesgo electoral para nadie que esté emulando con él. El hecho de marcar 19 % en las encuestas ubicándose a 30 puntos porcentuales (CM&- Centro Nacional de Consultoría) por debajo de su competidor al momento de los supuestos hechos lo ratifican, de todas maneras, merece una investigación profunda de las autoridades, ya sea para que se descubra si fue un auto atentado lo cual sería un delito y un triste antecedente para la cultura política de la ciudad, o para descubrir que fue víctima de un atraco o de acciones delincuenciales.
Causa un poco de intriga la contundencia de las declaraciones del aspirante Vásquez al descartar por completo otras hipótesis que ni las autoridades han desechado, como la posibilidad de un atraco, hipótesis con un alto grado de posibilidad teniendo en cuenta los indicadores de inseguridad de la ciudad, ¿tiene pruebas que todos desconocemos? sólo Él puede responder a este interrogante, y debería compartir la información que ni la policía ha obtenido, de lo contrario podría prestarse para pensar que por fines electoreros no le interesa explorar posibilidad distinta a un atentado.
Este mismo diario al día siguiente del supuesto atentado -y digo supuesto porque si las autoridades no lo han dado por hecho nadie pude asegurarlo- publicó: “las autoridades dicen que la vida del candidato nunca estuvo en peligro y que se trató de un sabotaje”. Ante estas declaraciones y la confusión de los hechos vale la pena que el doctor Vásquez muestre seriedad y no ponga a la policía nacional y al gobierno municipal al que pertenece en ridículo sin las pruebas suficientes, ya sea por la incapacidad de protegerle su vida como candidato en caso de ser cierto el atentado o como ciudadano en caso de tener otros móviles.
Si el doctor Enrique Vásquez fue víctima de un hecho violento me solidarizo desde esta columna. Lo indicado es sumarse a las voces que ruegan por una mejor política de seguridad ciudadana y asumir con humildad que es un hombre común y corriente victima de la delincuencia como muchos a diario. Si se comprueba que fue un atentado no por intuición sino como producto de una investigación, debe considerarse un protegido de Dios porque pocos cuentan que en un camino abandonado, rural, en la penumbra de la media noche, y a la mansalva como él lo describe salvaron su vida después de un atentado y debe mostrarse agradecido con el presunto francotirador quien según lo expresado estaba en posición superior y aventajada sobre su blanco (“en un barranquito” dijo en una de tantas entrevistas) y decidió utilizar un arma de tan bajo calibre que ni las balas alcanzaron a penetrar el interior del vehículo.
En los estudios de seguridad de la policía si consta las amenazas contra el candidato Arango Vélez y su familia, lo cual produjo cambios y refuerzos en su esquema de seguridad, algo igualmente reprochable para una ciudad que nunca había sido sometido a tan bajas prácticas. Por no tener el doctor Vásquez antecedentes en trapisondas y en campañas sucias de mercadeo político merece el beneficio de la duda y que les exijamos a las autoridades su protección y el esclarecimiento de estos hechos.
Wednesday, September 21, 2011
A NUESTROS HERMANOS DE CARTAGO
Cartago no siempre ha sido el desorden y el caos con el que lo hemos conocido en los últimos años, en otrora fue también una ciudad cívica que se unió como lo hizo Pereira para construir sus calles y su aeropuerto, es poseedor de una riqueza histórica y cultural que envidaría cualquier ciudad del mundo, la historia de Pereira se confunde con la suya y no exagero si digo que los cartagueños son nuestros hermanos mayores desde el punto de vista histórico. De allí que su suerte nos preocupe y nos convoque, entre otras cosas, porque juntos estamos obligados a construir una región de la que habla la ley y nos exige la historia.
A los pereiranos nos ha tocado presenciar las frustraciones del pueblo cartagueño que como pocos ha sufrido en carne propia el lastre de la corrupción, el narcotráfico y la penetración de estos males en sus estructuras sociales; los que conocemos a los cartagueños sabemos que no se lo merecen porque son gente buena, con sueños y condiciones para hacerle honor a su estatura histórica y su talante caucano que compartimos los pereiranos, sin embargo, tienen responsabilidad en su tragedia, durante años han permitido que la política esté cooptada por grupos que representan sus propios intereses que han encontrado en la des-unión y apatía por lo público, el más fértil terreno para sus ambiciones.
A pesar de todo hay esperanza, enderezar el camino de Cartago puede dejar de ser una utopía para convertirse en una realidad, un cartagueño de enormes condiciones ha resuelto abandonar su cómoda posición en Bogotá, ciudad a la que llegó como muchos otros de sus coterráneos obligados al éxodo para realizarse en el plano personal y profesional para convertirse en un respetado y acatado politólogo en el mundo académico y político de Colombia. Valientemente decidió regresar a ponerse al servicio de su ciudad y a demostrarle a su gente que Cartago tiene otra oportunidad, únicamente posible si los ciudadanos de bien que son la mayoría confían su gobierno en manos de un alcalde honesto, capaz e inteligente como Fernando Giraldo Garcia.
Es la oportunidad que nuestros vecinos dejen de anhelar el progreso esquivo hasta ahora como consecuencia de malos e inestables gobiernos que hoy tienen a Cartago en el abismo, no es para menos: en sólo 8 años ha sido gobernada por 7 alcaldes, su tasa de desempleo del 24% es de las más altas de Colombia, la pobreza se encuentra en un 22%, su deuda pública de 48 mil millones es enorme para un municipio de su categoría y la quinta parte de sus predios (8.000) se encuentran en cobros coactivos porque la gente no tiene para pagar sus impuestos.
No se trata de rendirle culto a la personalidad del doctor Fernando Giraldo, flaco servicio se le presta a la democracia basando el éxito en una sola persona, es cuestión de aprovechar la oportunidad que él y su equipo representan para la ciudad del sol más alegre de Colombia, alejados de mafias, corrupción, y de grupos políticos que han demostrado su incapacidad para dirigir a uno de los más bellos e importantes municipios del Valle con el cual nos une el pasado e inevitablemente el futuro.
A los pereiranos nos ha tocado presenciar las frustraciones del pueblo cartagueño que como pocos ha sufrido en carne propia el lastre de la corrupción, el narcotráfico y la penetración de estos males en sus estructuras sociales; los que conocemos a los cartagueños sabemos que no se lo merecen porque son gente buena, con sueños y condiciones para hacerle honor a su estatura histórica y su talante caucano que compartimos los pereiranos, sin embargo, tienen responsabilidad en su tragedia, durante años han permitido que la política esté cooptada por grupos que representan sus propios intereses que han encontrado en la des-unión y apatía por lo público, el más fértil terreno para sus ambiciones.
A pesar de todo hay esperanza, enderezar el camino de Cartago puede dejar de ser una utopía para convertirse en una realidad, un cartagueño de enormes condiciones ha resuelto abandonar su cómoda posición en Bogotá, ciudad a la que llegó como muchos otros de sus coterráneos obligados al éxodo para realizarse en el plano personal y profesional para convertirse en un respetado y acatado politólogo en el mundo académico y político de Colombia. Valientemente decidió regresar a ponerse al servicio de su ciudad y a demostrarle a su gente que Cartago tiene otra oportunidad, únicamente posible si los ciudadanos de bien que son la mayoría confían su gobierno en manos de un alcalde honesto, capaz e inteligente como Fernando Giraldo Garcia.
Es la oportunidad que nuestros vecinos dejen de anhelar el progreso esquivo hasta ahora como consecuencia de malos e inestables gobiernos que hoy tienen a Cartago en el abismo, no es para menos: en sólo 8 años ha sido gobernada por 7 alcaldes, su tasa de desempleo del 24% es de las más altas de Colombia, la pobreza se encuentra en un 22%, su deuda pública de 48 mil millones es enorme para un municipio de su categoría y la quinta parte de sus predios (8.000) se encuentran en cobros coactivos porque la gente no tiene para pagar sus impuestos.
No se trata de rendirle culto a la personalidad del doctor Fernando Giraldo, flaco servicio se le presta a la democracia basando el éxito en una sola persona, es cuestión de aprovechar la oportunidad que él y su equipo representan para la ciudad del sol más alegre de Colombia, alejados de mafias, corrupción, y de grupos políticos que han demostrado su incapacidad para dirigir a uno de los más bellos e importantes municipios del Valle con el cual nos une el pasado e inevitablemente el futuro.
UNA LEY PARA APLAUDIR
No puedo estar de acuerdo con respetables opinadores que consideran como inocua la ley que penaliza cualquier tipo de discriminación en razón de la raza, sexo, ideología, edad, preferencia sexual, o política etc., pues llevar la discusión al terreno que la constitución ya lo prevé o que es a base de educación como se logra el respeto y la tolerancia por el prójimo no es válida, no porque esa afirmación no sea correcta, sino porque no se debe escoger entre educación y ley, son complemento una de la otra y la constitución en ocasiones necesita una mano del derecho positivo.
Hay casos como la tutela que se ganó en Cartagena contra una discoteca que prohibía el ingreso a la población afro, o la sanción a aquella empresa que bajo la sigla de NN ( no negros) filtraba las hojas de vida, estos son ejemplos que han logrado trascender a la opinión pública, pero lo cierto es que constantemente los mayores de 40 años son discriminados para aplicar a un empleo, las mujeres son injustamente remuneradas, los gobernantes persiguen a quienes no piensan como ellos en asuntos de la política despojándolos de sus puestos, se descartan hojas de vida por el lugar donde se vive, muchos son perseguidos por sus creencias religiosas o por la carencia de ellas, hemos sospechado de persecuciones a servidores públicos por sus convicciones ideológicas; en fin, tratar esta ley de innecesaria es desconocer que en Colombia hay muchos tipos de discriminación impune.
Estoy convencido que la cultura y la educación son indispensables para corregir el inverosímil hecho de creer que alguien es menos que otro, pero también son presupuestos indispensables para evitar el robo, el homicidio y cualquier tipo de violencia, lo que no significa que sobre para estos delitos las sanciones penales. Esta norma es la mejor oportunidad para renovar principios que inspiraron la transición de regímenes absolutistas a democráticos como la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, y que hoy siguen haciéndolo como en el movimiento de “los indignados” que reclaman el cese del antisemitismos, persecución a los inmigrantes, el derecho al trabajo digno, el acceso sin discriminación a la vida productiva, a la economía y a las oportunidades. Es esta ley simplemente una lectura de los nuevos tiempos que reclaman más igualdad.
Tienen los jueces la definitiva tarea de no permitir el abuso de este instrumento y de proteger a quienes sean discriminados por subjetividades de quien ostente una posición dominante, aplaudo esta ley, le auguro que será madre de una bella jurisprudencia que pondrá al mundo entero a beber de nuevo de la fuente de nuestro derecho.
Hay casos como la tutela que se ganó en Cartagena contra una discoteca que prohibía el ingreso a la población afro, o la sanción a aquella empresa que bajo la sigla de NN ( no negros) filtraba las hojas de vida, estos son ejemplos que han logrado trascender a la opinión pública, pero lo cierto es que constantemente los mayores de 40 años son discriminados para aplicar a un empleo, las mujeres son injustamente remuneradas, los gobernantes persiguen a quienes no piensan como ellos en asuntos de la política despojándolos de sus puestos, se descartan hojas de vida por el lugar donde se vive, muchos son perseguidos por sus creencias religiosas o por la carencia de ellas, hemos sospechado de persecuciones a servidores públicos por sus convicciones ideológicas; en fin, tratar esta ley de innecesaria es desconocer que en Colombia hay muchos tipos de discriminación impune.
Estoy convencido que la cultura y la educación son indispensables para corregir el inverosímil hecho de creer que alguien es menos que otro, pero también son presupuestos indispensables para evitar el robo, el homicidio y cualquier tipo de violencia, lo que no significa que sobre para estos delitos las sanciones penales. Esta norma es la mejor oportunidad para renovar principios que inspiraron la transición de regímenes absolutistas a democráticos como la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, y que hoy siguen haciéndolo como en el movimiento de “los indignados” que reclaman el cese del antisemitismos, persecución a los inmigrantes, el derecho al trabajo digno, el acceso sin discriminación a la vida productiva, a la economía y a las oportunidades. Es esta ley simplemente una lectura de los nuevos tiempos que reclaman más igualdad.
Tienen los jueces la definitiva tarea de no permitir el abuso de este instrumento y de proteger a quienes sean discriminados por subjetividades de quien ostente una posición dominante, aplaudo esta ley, le auguro que será madre de una bella jurisprudencia que pondrá al mundo entero a beber de nuevo de la fuente de nuestro derecho.
LA UNIÓN LIBERAL
Suena muy bien la audaz propuesta del partido Liberal en cabeza de su jefe único Rafael Pardo de unificar las fuerzas liberales hoy disgregadas en distintas personerías jurídicas, no será la primera vez que pasará, por lo general sucede después de largos periodos de orfandad de poder debido a grandes divisiones internas. Sucedió en el siglo XIX cuando liberales radicales y colaboracionistas se juntaban, en el siglo XX cuando Gaitanistas y Turbayistas lo hicieron, o Galanistas y oficialistas y ahora se repite entre Santistas – Uribistas con Gaviristas- oficialistas.
La tan anunciada como temida por algunos unificación liberal, no deja de tener dos filos, para resolver cual es el camino correcto se debe responder a los interrogantes: ¿si lo que se busca es ser más grande o ser mejor? Es la pregunta que nos hacemos algunos liberales que por distintas circunstancias nos alejamos de la institucionalidad del partido, con la salvedad que lo que en su momento nos motivó a hacerlo nada tenía que ver con la dirección política en lo nacional, todo lo contrario, reclamábamos como era necesario que esa coherencia se emulara en lo regional donde modestas mentes parroquiales insistían o insisten en hacer del partido un pequeño feudo de intereses personalísimos.
Pocos soportamos con estoicismo tres derrotas presidenciales y otras tantas locales, paradójicamente nos distanciamos cuando el triunfo llegaba por primera vez a las puertas de un partido que soportó más de una década las inclemencias; primero, de un gobierno conservador y posteriormente de un régimen Uribista obsesionado en acabarlo con el cínico discurso que en él estaban las fuerzas que habían desestabilizado a Colombia. Pero cínico también, sería desconocer que buena parte de los liberales decentes se marcharon después del tristemente célebre proceso 8.000 en el gobierno de Samper por el cual el liberalismo tuvo que pagar con ausencia de poder y recriminación pública el fatal episodio de Colombia.
Des-Samperizar el partido fue una lucha de titanes bajo la conducción política de César Gaviria, el proceso de recuperar la confianza viene desde entonces gracias a la decisión de estrenar seriamente la figura de la oposición como camino para demostrar su capacidad de reinventarse en la adversidad y lejos del poder. Por eso no hay explicación que justifique la descabellada idea que Ernesto Samper dirija algún proceso liberal. Los que abanican esta propuesta parecen contratados por José Obdulio para restarle importancia a la unión.
Si un filo de la propuesta lleva a la unidad, el otro puede cortar más si se pierden tantos años de sacrificio, confundir unidad con “Bienvenido todo el mundo”, sería un error que estoy seguro aunque se pierdan votos no lo permitirán quienes han sacado del ostracismo las ideas liberales y pretenden que los hijos regresemos a casa.
De otro lado, valdría la pena explorar posibilidad distinta a una consulta popular para autorizar la unión, eso sería como preguntarle a un enfermo si se quiere aliviar; una convención con delegados de las bases y directorios democráticamente elegidos cuentan con la legitimidad de decirle a Pardo: llegó la hora de la unidad del partido Liberal.
La tan anunciada como temida por algunos unificación liberal, no deja de tener dos filos, para resolver cual es el camino correcto se debe responder a los interrogantes: ¿si lo que se busca es ser más grande o ser mejor? Es la pregunta que nos hacemos algunos liberales que por distintas circunstancias nos alejamos de la institucionalidad del partido, con la salvedad que lo que en su momento nos motivó a hacerlo nada tenía que ver con la dirección política en lo nacional, todo lo contrario, reclamábamos como era necesario que esa coherencia se emulara en lo regional donde modestas mentes parroquiales insistían o insisten en hacer del partido un pequeño feudo de intereses personalísimos.
Pocos soportamos con estoicismo tres derrotas presidenciales y otras tantas locales, paradójicamente nos distanciamos cuando el triunfo llegaba por primera vez a las puertas de un partido que soportó más de una década las inclemencias; primero, de un gobierno conservador y posteriormente de un régimen Uribista obsesionado en acabarlo con el cínico discurso que en él estaban las fuerzas que habían desestabilizado a Colombia. Pero cínico también, sería desconocer que buena parte de los liberales decentes se marcharon después del tristemente célebre proceso 8.000 en el gobierno de Samper por el cual el liberalismo tuvo que pagar con ausencia de poder y recriminación pública el fatal episodio de Colombia.
Des-Samperizar el partido fue una lucha de titanes bajo la conducción política de César Gaviria, el proceso de recuperar la confianza viene desde entonces gracias a la decisión de estrenar seriamente la figura de la oposición como camino para demostrar su capacidad de reinventarse en la adversidad y lejos del poder. Por eso no hay explicación que justifique la descabellada idea que Ernesto Samper dirija algún proceso liberal. Los que abanican esta propuesta parecen contratados por José Obdulio para restarle importancia a la unión.
Si un filo de la propuesta lleva a la unidad, el otro puede cortar más si se pierden tantos años de sacrificio, confundir unidad con “Bienvenido todo el mundo”, sería un error que estoy seguro aunque se pierdan votos no lo permitirán quienes han sacado del ostracismo las ideas liberales y pretenden que los hijos regresemos a casa.
De otro lado, valdría la pena explorar posibilidad distinta a una consulta popular para autorizar la unión, eso sería como preguntarle a un enfermo si se quiere aliviar; una convención con delegados de las bases y directorios democráticamente elegidos cuentan con la legitimidad de decirle a Pardo: llegó la hora de la unidad del partido Liberal.
¿150 RICOS O PREDIOS?
En la última visita a Pereira del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry , manifestó en una entrevista con el periódico LA TARDE, que sólo 150 predios de la ciudad pagaban impuesto al patrimonio, (que no es lo mismo que 150 personas) cifra asombrosa ya sea por las pocas familias relativamente pudientes con estas propiedades que residen en esta zona del país, es decir el 0,03% de los pereiranos, o ya sea por la capacidad de evadir de las personas cuyo patrimonio exceda de los 1.000 millones de pesos, habrá que especificar si se refería a personas que pagan impuesto al patrimonio o a predios de ese valor.
En un mes una interesante lista saldrá a la luz pública: allí encontraremos a distinguidos ciudadanos expertos en exigir resultados, reclamar moralidad administrativa, críticos inagotables de los gobiernos y adalides de la abstención por la corrupción y el despilfarro en los recursos públicos. Una paradoja será ver que algunos de esos inconformes con la ética de lo público, serán los mismos evasores de sus obligaciones tributarias, en eso consiste la reforma tributaria del gobierno que intentará cumplir la palabra otorgada de no aumentar impuestos, pero que pretende sacar las riquezas que están por “debajo de la mesa” y ponerlas sobre ella, eso está bien, un poco de justicia distributiva no queda mal en un país donde la pobreza campea.
Si bien es cierto, el impuesto al patrimonio es del resorte de la Nación, es un error considerar que no perjudica a la ciudad; en primer lugar, esos impuestos forman parte de una sola bolsa en el sector central para proveer en una época, seguridad a todos, y recientemente a los damnificados del invierno; en segundo término, como lo advirtió el Ministro Echeverry , la evasión en el caso de los predios tiene doble perjuicio: afecta los ingresos nacionales y los municipales vía impuesto predial, ya sea porque tampoco lo pagan ó simplemente hay una desactualización de la base gravable de esos predios y de su valor.
No es solamente en Pereira donde ocurre el fenómeno de la evasión, en caso de haberla, porque sigue existiendo la posibilidad de que sólo 150 propietarios cumplan los requerimientos para el impuesto al patrimonio, ocurre en todas la ciudades, según la entrevista a Echeverry en Cartagena y el departamento del Magdalena únicamente 7 y 99 personas respectivamente, están pagando el impuesto nacional del patrimonio. (En este caso sí habló el ministro de personas y no de predios).
Poner la riqueza sobre la mesa es una buena política para fortalecer las finanzas de la Nación y de golpe la de los municipios, nunca debe ser tomado como una persecución a sectores que seguramente tendrán para argumentar que generan empleo y pagan otras obligaciones, deberá ser apreciado más bien, como una oportunidad para asumir una cultura de la legalidad que beneficiará a todo el mundo siempre y cuando el manejo de los recursos sea transparente. Si el Estado acrecienta sus ingresos tendremos como invertir no sólo en seguridad sino en infraestructura y en lo social, sería un gesto grande de los que más tienen, aceptar con humildad este nuevo escenario y contribuir en la prosperidad democrática.
En un mes una interesante lista saldrá a la luz pública: allí encontraremos a distinguidos ciudadanos expertos en exigir resultados, reclamar moralidad administrativa, críticos inagotables de los gobiernos y adalides de la abstención por la corrupción y el despilfarro en los recursos públicos. Una paradoja será ver que algunos de esos inconformes con la ética de lo público, serán los mismos evasores de sus obligaciones tributarias, en eso consiste la reforma tributaria del gobierno que intentará cumplir la palabra otorgada de no aumentar impuestos, pero que pretende sacar las riquezas que están por “debajo de la mesa” y ponerlas sobre ella, eso está bien, un poco de justicia distributiva no queda mal en un país donde la pobreza campea.
Si bien es cierto, el impuesto al patrimonio es del resorte de la Nación, es un error considerar que no perjudica a la ciudad; en primer lugar, esos impuestos forman parte de una sola bolsa en el sector central para proveer en una época, seguridad a todos, y recientemente a los damnificados del invierno; en segundo término, como lo advirtió el Ministro Echeverry , la evasión en el caso de los predios tiene doble perjuicio: afecta los ingresos nacionales y los municipales vía impuesto predial, ya sea porque tampoco lo pagan ó simplemente hay una desactualización de la base gravable de esos predios y de su valor.
No es solamente en Pereira donde ocurre el fenómeno de la evasión, en caso de haberla, porque sigue existiendo la posibilidad de que sólo 150 propietarios cumplan los requerimientos para el impuesto al patrimonio, ocurre en todas la ciudades, según la entrevista a Echeverry en Cartagena y el departamento del Magdalena únicamente 7 y 99 personas respectivamente, están pagando el impuesto nacional del patrimonio. (En este caso sí habló el ministro de personas y no de predios).
Poner la riqueza sobre la mesa es una buena política para fortalecer las finanzas de la Nación y de golpe la de los municipios, nunca debe ser tomado como una persecución a sectores que seguramente tendrán para argumentar que generan empleo y pagan otras obligaciones, deberá ser apreciado más bien, como una oportunidad para asumir una cultura de la legalidad que beneficiará a todo el mundo siempre y cuando el manejo de los recursos sea transparente. Si el Estado acrecienta sus ingresos tendremos como invertir no sólo en seguridad sino en infraestructura y en lo social, sería un gesto grande de los que más tienen, aceptar con humildad este nuevo escenario y contribuir en la prosperidad democrática.
UNIDADES, REVOLUCIONES Y PAUSAS EN COLOMBIA
Tal y como lo compartí con los lectores en columna de agosto 18 de 2010 a sólo unos días de iniciar la era Santos, me atreví a comparar este gobierno con el de Carlos E. Restrepo sucesor del general Rafael Reyes quien se caracterizó por su rudeza y radicalismo en el ejercicio del poder. Restrepo logró la paz entre los partidos políticos a través de la llamada unión republicana. 100 años después, luego de un gobierno radical y de mano dura como el de Uribe, Santos conforma la “Unidad Nacional” que mitiga las asperezas y crea un ambiente de tranquilidad entre los partidos aunque muchos empezando por el ex presidente no les guste.
El último Santos que ocupó el solio de Bolívar, tampoco contó con el apoyo de su antecesor, el inolvidable y respetabilísimo estadista de todos los tiempos Alfonso López Pumarejo , quien incluso lo acusaba de anti reformista , poco nacionalista y desafecto de la “ Revolución en marcha”; sin embargo, la “Gran Pausa” como se le conoce al gobierno de Eduardo Santos Montejo, tio abuelo de Juan Manuel Santos, dejó grandes logros en educación por la inspiración Santanderista que lo caracterizó, en derechos laborales como la remuneración de domingos y festivos y se ganó el título del “Proveedor de convivencia, por su talante conciliador y diplomático que por fortuna heredó su sobrino.
Hoy de alguna manera la historia se repite, con la diferencia que la revolución la tiene en Marcha Santos y es Uribe y sus amigos los que procuran la “Gran Pausa”, mientras López Pumarejo exigía un trato igual a los sindicalistas comunistas como el dado a los liberales, el ex presidente Uribe y sus amigos cuestionan que la Fiscalía haga su trabajo sin consideraciones de importancia de los sujetos procesales, mientras Alfonso López exigía mayor independencia frene a los EE.UU por razones de soberanía, el ex presidente Uribe cuestiona que hayamos normalizado las relaciones diplomáticas como lo enseña la civilización por razones de soberbia, mientras López pedía más justicia social a su sucesor quien en mi concepto lo escuchó en algunas de sus propuestas, el ex presidente Uribe trata los escándalos de corrupción de su gobierno grandes generadores de injusticia social como “Falsos positivos”.
De manera que de nuevo lo vivimos, se pone en práctica la estrategia de la Unidad Republicana (Hoy Nacional) como lo hizo Carlos E Restrepo y se enfrentan antecesor y sucesor aunque por razones no tan nobles como entonces; lo importante es que no se repita la parte en la que Colombia pierde por las mezquindades de la política y de los egos que ocupan buena parte de esa profesión, de allí que la actitud sea rodear al presidente Santos que viene poniendo mucho de su parte empezando por el mantra de “ No voy a pelear con Uribe”.
Como ciudadano me siento satisfecho del primer año de “Buen gobierno”, sin desconocer que falta poner en práctica las intenciones hechas ley, confío en que tendremos pronto indicadores de un digito en la tasa de desempleo, superaremos la economía de la Argentina en el subcontinente, lograremos un acuerdo para alcanzar la paz, reformaremos la justicia y la educación, se intentará combatir la corrupción, lograremos reparar a las víctimas y seguiremos relacionándonos con el mundo con la palabra y no a los guarapazos.
El último Santos que ocupó el solio de Bolívar, tampoco contó con el apoyo de su antecesor, el inolvidable y respetabilísimo estadista de todos los tiempos Alfonso López Pumarejo , quien incluso lo acusaba de anti reformista , poco nacionalista y desafecto de la “ Revolución en marcha”; sin embargo, la “Gran Pausa” como se le conoce al gobierno de Eduardo Santos Montejo, tio abuelo de Juan Manuel Santos, dejó grandes logros en educación por la inspiración Santanderista que lo caracterizó, en derechos laborales como la remuneración de domingos y festivos y se ganó el título del “Proveedor de convivencia, por su talante conciliador y diplomático que por fortuna heredó su sobrino.
Hoy de alguna manera la historia se repite, con la diferencia que la revolución la tiene en Marcha Santos y es Uribe y sus amigos los que procuran la “Gran Pausa”, mientras López Pumarejo exigía un trato igual a los sindicalistas comunistas como el dado a los liberales, el ex presidente Uribe y sus amigos cuestionan que la Fiscalía haga su trabajo sin consideraciones de importancia de los sujetos procesales, mientras Alfonso López exigía mayor independencia frene a los EE.UU por razones de soberanía, el ex presidente Uribe cuestiona que hayamos normalizado las relaciones diplomáticas como lo enseña la civilización por razones de soberbia, mientras López pedía más justicia social a su sucesor quien en mi concepto lo escuchó en algunas de sus propuestas, el ex presidente Uribe trata los escándalos de corrupción de su gobierno grandes generadores de injusticia social como “Falsos positivos”.
De manera que de nuevo lo vivimos, se pone en práctica la estrategia de la Unidad Republicana (Hoy Nacional) como lo hizo Carlos E Restrepo y se enfrentan antecesor y sucesor aunque por razones no tan nobles como entonces; lo importante es que no se repita la parte en la que Colombia pierde por las mezquindades de la política y de los egos que ocupan buena parte de esa profesión, de allí que la actitud sea rodear al presidente Santos que viene poniendo mucho de su parte empezando por el mantra de “ No voy a pelear con Uribe”.
Como ciudadano me siento satisfecho del primer año de “Buen gobierno”, sin desconocer que falta poner en práctica las intenciones hechas ley, confío en que tendremos pronto indicadores de un digito en la tasa de desempleo, superaremos la economía de la Argentina en el subcontinente, lograremos un acuerdo para alcanzar la paz, reformaremos la justicia y la educación, se intentará combatir la corrupción, lograremos reparar a las víctimas y seguiremos relacionándonos con el mundo con la palabra y no a los guarapazos.
UNA LEGISLATURA REFORMADORA
La legislatura que comienza este 20 de julio podríamos considerarla como una de las más ambiciosas de los últimos tiempos: se busca transformar buena parte del Estado Colombiano a través de reformas que después de un año del gobierno Santos se entienden necesarias, la agenda refleja el empeño del ejecutivo de que no lo sigan comparando, como ha dicho el ministro Vargas, con Surinam, Bangladesh y Afganistán en asuntos tan serios como la capacidad para resolver sus conflictos.
Pereira tendrá un protagonista de primera línea con el que no contaba desde hace varios años: un Pereirano como Simón Gaviria posiblemente sea quien presida la Cámara de Representantes, algo que no veíamos desde que Rodrigo Rivera ocupó esa dignidad; será pues un buen hijo de la Villa de Cañarte uno de los bastiones de la era reformadora por la que atraviesa el País.
Los retos del Congreso no son pocos, tal vez el más importante es sacar adelante la reforma a la justicia y, para ello tendrá que mediar entre dos partes, la una compuesta por el Gobierno y la Corte Constitucional y la otra conformada por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, por el enfrentamiento que data sobre la disputa por la acción de tutela en materia de sentencias judiciales; será igualmente el Congreso la última voz que decida si las propuestas del gobierno respecto al Consejo de la Judicatura y en materia de descongestión, son apropiadas o no, sobre todo en su audaz e interesante propuesta de otorgar jurisdicción y competencia a magistrados y jueces retirados, auxiliares de la justicia y abogados por un término de tres años con el fin de evacuar los 2.2 millones de procesos represados en los polvorientos archivos judiciales.
Propuesta que tuvo éxito en países como Uruguay, pero que no garantiza su éxito en Colombia pues su tamaño equivale a menos de medio Bogotá, pero sí merece ser explorada, porque la vieja receta de más jueces de descongestión no ha dado los resultados esperados. La expedición de normas marco como códigos y estatutos serán prioritarios: código procesal, tan esperado por los litigantes y jueces que aspiran a ver algún día unificadas en un solo sistema las normas del llamado derecho bisagra que hace realidad el derecho positivo, disperso hoy en distintos textos que hace pensar al abordar cada rama que estamos en diferentes países. Tendrá también el congreso que legislar sobre la fiscalía, la Justicia Penal Militar, el estatuto penitenciario, arbitraje y arancel judicial, código minero y el código de régimen departamental y municipal.
Todo lo anterior sumado a las reformas para estimular la inversión, la venta de acciones de Ecopetrol con destino a financiar la infraestructura, la reglamentación a las regalías, reforma a la educación, código de convivencia ciudadana, penalización del racismo etc. Nos van a permitir una gama de temas con capacidad de despertar interés en todos, sobre todo en quienes no estén de acuerdo; una sociedad participativa siempre gozará de su derecho a tener mejores normas. En mi concepto si ésta racha reformadora tiene éxito en el congreso estaremos cerca de un estado más moderno.
Pereira tendrá un protagonista de primera línea con el que no contaba desde hace varios años: un Pereirano como Simón Gaviria posiblemente sea quien presida la Cámara de Representantes, algo que no veíamos desde que Rodrigo Rivera ocupó esa dignidad; será pues un buen hijo de la Villa de Cañarte uno de los bastiones de la era reformadora por la que atraviesa el País.
Los retos del Congreso no son pocos, tal vez el más importante es sacar adelante la reforma a la justicia y, para ello tendrá que mediar entre dos partes, la una compuesta por el Gobierno y la Corte Constitucional y la otra conformada por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, por el enfrentamiento que data sobre la disputa por la acción de tutela en materia de sentencias judiciales; será igualmente el Congreso la última voz que decida si las propuestas del gobierno respecto al Consejo de la Judicatura y en materia de descongestión, son apropiadas o no, sobre todo en su audaz e interesante propuesta de otorgar jurisdicción y competencia a magistrados y jueces retirados, auxiliares de la justicia y abogados por un término de tres años con el fin de evacuar los 2.2 millones de procesos represados en los polvorientos archivos judiciales.
Propuesta que tuvo éxito en países como Uruguay, pero que no garantiza su éxito en Colombia pues su tamaño equivale a menos de medio Bogotá, pero sí merece ser explorada, porque la vieja receta de más jueces de descongestión no ha dado los resultados esperados. La expedición de normas marco como códigos y estatutos serán prioritarios: código procesal, tan esperado por los litigantes y jueces que aspiran a ver algún día unificadas en un solo sistema las normas del llamado derecho bisagra que hace realidad el derecho positivo, disperso hoy en distintos textos que hace pensar al abordar cada rama que estamos en diferentes países. Tendrá también el congreso que legislar sobre la fiscalía, la Justicia Penal Militar, el estatuto penitenciario, arbitraje y arancel judicial, código minero y el código de régimen departamental y municipal.
Todo lo anterior sumado a las reformas para estimular la inversión, la venta de acciones de Ecopetrol con destino a financiar la infraestructura, la reglamentación a las regalías, reforma a la educación, código de convivencia ciudadana, penalización del racismo etc. Nos van a permitir una gama de temas con capacidad de despertar interés en todos, sobre todo en quienes no estén de acuerdo; una sociedad participativa siempre gozará de su derecho a tener mejores normas. En mi concepto si ésta racha reformadora tiene éxito en el congreso estaremos cerca de un estado más moderno.
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